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Publicado el: Jue, Oct 10, 2013

COMPROMISO 31 Y 32. MICHELLE BACHELET

contaminantes-9x6“Que exista un Medio Ambiente más limpio”

No cabe duda de la importancia de este compromiso, que se encuadra en el derecho constitucional de vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

El compromiso 31 sostiene la necesidad de crear mediante proyecto de ley, el Servicio de Biodiversidad y Áreas protegidas, que “permitirá ampliar el cuidado de la biodiversidad más allá de las áreas protegidas”. Efectivamente, la legislación ambiental chilena ha sido incapaz de hacer respetar los compromisos ambientales contraídos por nuestro país, en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica de Naciones Unidas firmado el año 1992 y ratificado mediante Decreto Supremo del Ministerio de Relaciones Exteriores el año 1994. Entre otros considerandos, se reafirma que los Estados o Partes Contratantes, son “responsables de la conservación de su diversidad biológica y de la utilización sostenible de sus recursos biológicos”, ello dado la importancia que tienen para el mantenimiento y evolución de los diferentes ecosistemas de la biosfera, como interés común de toda la humanidad.

Para sintetizar, lo que fuera la CONAMA identificó diferentes sitios prioritarios como los más representativos de nuestra biodiversidad, que rápidamente fueron víctimas del lobby de las empresas extractivas, debiendo reducirse y quedar al margen expreso de las actuales “áreas protegidas” tipificadas en la legislación vigente. Esta debilidad en nuestro marco legislativo, no se condice con el rango constitucional del compromiso firmado por el país.

Un reciente pronunciamiento de la Superintendencia de Medioambiente, afirmándose en un oscuro pronunciamiento del director del SEA, permite a una empresa minera continuar destruyendo el corazón de la Quebrada de la Plata, que forma parte del Sitio Prioritario El Roble N° 2, pero que además ha sido y es, un área de interés científico de nuestras principales universidades por su alto grado de endemismo, con flora y fauna en riesgo de extinción. Resumiendo, el apetito de una empresa minera, increíblemente liberado de ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, tiene más poder que el Convenio sobre la Diversidad Biológica, de rango Constitucional, firmado por el Gobierno de Chile.

En referencia al compromiso 32, sobre la disminución de contaminación del aire por material particulado, dice: “estableceremos planes de descontaminación para las ciudades que presenten las situaciones más críticas”.

¿Qué debiéramos esperar sobre la eficacia de estos planes de descontaminación, de magros resultados durante décadas? ¿Más institucionalidad efectista que nos muestre como país miembro de la OCDE, pero sin ninguna consecuencia efectiva en la salud de nuestra población?

El Estado de Chile reconoce las fuentes emisoras, fijas y móviles, que contaminan nuestras ciudades, a saber: Determinadas Industrias, el Transporte y la Combustión de Leña. ¿Qué tienen en común?, los efectos sobre la salud de la población, especialmente sobre la más vulnerable, la que está por nacer, los lactantes, niños y adultos mayores, cuyos deteriorados índices de expectativas de vida y morbilidad están directamente relacionados con la contaminación.

Los planes de descontaminación se han enfocado en la reducción gradual de los índices, con mayor o menor efectividad, que se programan a 5 o 10 años. ¿Pero qué pasa durante ese período con las víctimas de la contaminación? ¿Acaso el Estado no tiene “responsabilidad”, en conocimiento de las fuentes emisoras?

Por cierto que la población más privilegiada en recursos puede “elegir” un lugar más limpio para vivir, o pagar una atención médica de excelencia, que signifique algo más que un “puf” que ayude a descongestionar a sus hijos en situaciones críticas. La población vulnerable, aquella que no tiene opción de cambiarse de comuna, que desconoce los efectos permanentes de inhalar gases y partículas en suspensión que limitan el potencial de desarrollo educativo de sus hijos y limitan su calidad de vida, merecen algo más que una declaración de buenas intenciones.

Con todo el respeto y adhesión que me merece nuestra ex Presidenta, esta población debiera ser prioridad de un Estado responsable por los más desvalidos. Las víctimas de la contaminación de las ciudades en estado crítico por saturación de contaminantes en el aire, debieran tener acceso directo, gratuito y especializado a tratamientos preventivos de enfermedades cardiovasculares. Durante años costó que se reconociera e implementaran los centros centinela que proporcionaron la evidencia directa entre episodios críticos de contaminación y las enfermedades cardiovasculares… ¿Por qué no implementar centros de diagnóstico especializados que deriven a tratamientos específicos en el sistema de salud pública a las víctimas de la contaminación?

Si un futuro gobierno no está dispuesto a frenar el “desarrollo económico” en estas ciudades, me gustaría saber que por lo menos su opción se fundamente en un Estado que vele por las necesidades de los más pobres, especialmente los que sufren.

Héctor R. Jara Paz

Ambientalista, Partido Radical de Chile.

Octubre de 2013.

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