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Publicado el: Jue, Jun 19, 2014

Ampliación de la Ley del Mono sería votada en julio con nuevas precisiones del Ejecutivo

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Según informaron diputados de la Comisión de Vivienda, primero se escuchará a la Asociación de Municipalidades y luego se votará el articulado de la normativa, a la luz de las indicaciones presentadas por el Gobierno.

En el mes de julio sería votado finalmente en la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados el proyecto (boletín 9029) que amplía el marco de aplicación de la Ley 20.671 (Ley del Mono renovada), en esta ocasión sobre la base de una indicación sustitutiva presentada por el actual Gobierno el pasado 3 de junio.

Así los informaron los diputados Daniel Farcas (PPD) y Pedro Browne (Ind), quienes adelantaron que el acuerdo definido el pasado miércoles pasa por recibir en la sesión del 2 de julio a la Asociación de Municipalidades y luego proceder a la votación de la propuesta legal, la cual fue enviada a Comisión para un nuevo segundo informe el 24 de abril.

El diputado Farcas dijo que el proyecto es muy importante para la comunidad y consideró que existe una clara unanimidad para apoyar esta nueva posibilidad de regularización de viviendas que, con el paso del tiempo, han presentando refacciones o ampliaciones.

El diputado Browne recordó que hace sólo un año se aprobó una ley para ampliar la vigencia de la Ley del Mono, por lo que estimó necesario generar una política definitiva sobre la materia. “No puede ser que cada dos o tres años estemos aprobando ampliaciones de la Ley del Mono, porque en definitiva lo que pasa es que no existen mecanismos de fiscalización para que no ocurran ampliaciones irregulares y tampoco existe un servicio, a partir de los municipios o del propio Estado, que permita que aquellos que quieran ampliar sus viviendas lo puedan hacer de buena manera”, recalcó.

El legislador planteó que la nueva política debería contemplar medidas para garantizar el cumplimiento de los estándares urbanísticos, pero también de seguridad, reconociendo que existe una amplia deficiencia en la materia. “Las personas muchas veces no están bien protegidas y creo que en eso el Estado debe cumplir un rol y ayudar a las distintas familias que quieran ampliar sus viviendas a que lo hagan de manera regular”, agregó.

La Propuesta

El proyecto, ingresado a trámite legislativo como moción en el Senado, el 17 de julio de 2013, permite a los propietarios de viviendas sociales regularizar las ampliaciones de más de 25 metros cuadrados, siempre que la superficie total de la edificación no supere los 90 metros cuadrados, acogiéndose a los procedimientos establecidos en la Ley del Mono, llamada así porque libera de la obligación de un plano arquitectónico y considera la opción de un dibujo o “mono” de las obras a regularizar.

Según explicó el Ejecutivo, las indicaciones buscan, en primer lugar, definir que, a través de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, se establecerán las normas que deberán cumplirse para garantizar la habitabilidad, seguridad y estabilidad de las viviendas ampliadas, así como el correcto funcionamiento de las instalaciones interiores de electricidad, agua potable, alcantarillado y gas. El objetivo, se acortó, es clarificar el estándar aplicable, particularmente para los profesionales que deban certificarlo.

Asimismo, se suprime en estos casos la posibilidad de regularizaciones sin un profesional que certifique el cumplimiento de las normas sobre habitabilidad, seguridad y estabilidad, y el correcto funcionamiento de las instalaciones interiores; y resta la exención de toda responsabilidad, en el caso de los funcionarios municipales, pues se les exige revisar que las viviendas cuyas ampliaciones se pretende regularizar, no se emplacen en áreas de riesgo o protección, en terrenos declarados de utilidad pública o en bienes nacionales de uso público.

La propuesta del Ejecutivo también modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para introducir un mecanismo permanente simplificado para abordar las ampliaciones de las viviendas sociales.

Así, se redefine el artículo 166 de la citada normativa indicando que a los permisos para ampliaciones de viviendas sociales, viviendas progresivas e infraestructuras sanitarias, y a las ampliaciones de viviendas cuyo valor de tasación de la construcción no sea superior a UF 520, calculado conforme a la tabla de costos unitarios por metro cuadrado de construcción del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, emplazadas en áreas urbana o rural, sólo les serán aplicables las disposiciones que se indican a continuación:

a) Las disposiciones de los planes reguladores referidas a áreas de riesgo o protección, declaraciones de utilidad pública y uso de suelo.
b) Las normas que establezca la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones para garantizar la habitabilidad, seguridad y estabilidad de las viviendas ampliadas, y las normas vigentes aplicables a las instalaciones interiores de electricidad, agua potable, alcantarillado y gas, que correspondan.

El cumplimiento de dichas disposiciones y normas será certificado por el profesional competente que suscriba la solicitud del permiso de edificación y de recepción de obras. Las disposiciones de este artículo también serán aplicables a las edificaciones construidas con anterioridad al 31 de julio de 1959.

Los permisos de edificación y la recepción definitiva de las obras a que se refiere este artículo se tramitarán conforme al procedimiento simplificado que para estos efectos establecerá la Ordenanza General. Los derechos municipales serán los que se establecen en el artículo 130 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, rebajados en un 50%.

Asimismo, se mantienen los beneficios de la Ley 20.251 (Ley del Mono original) por un plazo acotado de dos años y limitado a las ampliaciones que originalmente tienen este beneficio, de manera de mantener el proceso de regularización durante ese periodo con la rebaja del 50% en los derechos, pero con exigencias precisas en materia de habitabilidad, seguridad y estabilidad.

Publicado el 19 de junio del 2014

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