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Publicado el: Jue, Ago 7, 2014

Cámara aprueba y envía al Senado con modificaciones proyecto de regularización de viviendas sociales

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La propuesta, que modifica la llamada “Ley del Mono”, establece un nuevo procedimiento para regularizar ampliaciones de viviendas sociales de entre 25 y 90 metros cuadrados, incluyendo exigencias técnicas mínimas que resguarden la seguridad de sus moradores.

 Con énfasis en materia de habitabilidad, seguridad y estabilidad, de manera que las viviendas sociales estén preparadas para evitar situaciones como el incendio en Valparaíso o el terremoto en el norte, la Cámara de Diputados aprobó en particular y despachó al Senado, a cumplir su segundo trámite constitucional, el proyecto (boletín 9029), que modifica la Ley N° 20.671, con el objeto de suprimir el límite máximo para regularizar ampliaciones en viviendas sociales, siempre que la superficie edificada total no exceda de 90 metros cuadrados.

La propuesta fue informada a la Sala por el diputado Joaquín Tuma (PPD), de la Comisión de Vivienda.

El texto original, ingresado a trámite legislativo como moción en el Senado el 17 de julio de 2013, permitía a los propietarios de viviendas sociales regularizar las ampliaciones de más de 25 metros cuadrados, siempre que la superficie total de la edificación no supere los 90 metros cuadrados, acogiéndose a los procedimientos establecidos en la Ley del Mono, llamada así porque libera de la obligación de un plano arquitectónico y considera la opción de un dibujo o “mono” de las obras a regularizar.

La iniciativa fue aprobada en general por la Cámara el 18 de marzo de este año y retornó a la Comisión de Vivienda, donde el Gobierno presentó una indicación sustitutiva, argumentando la importancia de construir con permiso y ser rigurosos con los procesos de regularización.

El objetivo de esta indicación sustitutiva, es hacer exigible la intervención de un profesional responsable que certifique que las viviendas cumplen ciertos requisitos mínimos y, en segundo término, porque precisaron que la moción en trámite tiene una visión menos estricta de las exigencias técnicas que deben satisfacer las viviendas a regularizar.

Debido a las catástrofes que afectaron al país a principio de año – el terremoto en Arica y Tarapacá y el incendio de Valparaíso-, el Gobierno argumentó que se requiere un nivel básico de exigencias técnicas para garantizar la seguridad de las personas y de las construcciones, y a eso apunta la indicación sustitutiva.

Especificaciones técnicas

El proyecto mantiene los 90 m2 como la superficie máxima de las construcciones susceptibles de regularización y la condición de no estar emplazadas en áreas de riesgo o protección ni en terrenos declarados de utilidad pública o en bienes nacionales de uso público. Además, las viviendas no deben tener reclamaciones pendientes ante las direcciones de obras municipales o los juzgados de policía local.

La indicación incluye un cuadro que especifica las normas mínimas de habitabilidad, seguridad y estabilidad que deben cumplir las viviendas. En materia de habitabilidad, se exige que el interior de las viviendas cumpla solamente el estándar de obra gruesa habitable establecido en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y algunos requisitos de ventilación, especialmente en baños y cocinas.

En materia de seguridad, se exige que los materiales con que está construida la vivienda tengan una resistencia al fuego F-15 (que soporten 15 minutos de exposición al fuego sin arder), y que en caso de adosamiento la resistencia al fuego sea F-60 y la altura mínima de 2 metros.

Respecto a la estabilidad, no se exige proyecto de cálculo estructural, sino sólo que un profesional responsable certifique que la construcción reúne condiciones mínimas. Se establecen además algunas exenciones específicas, como por ejemplo, que la altura libre entre piso y cielo de una construcción, que actualmente es de 2,30 metros, pueda rebajarse hasta en 20% para efectos de su recepción por las Direcciones de Obras Municipales (DOM), lo mismo que los umbrales de las puertas y arcos formados por vigas, y que normalmente deben tener una altura mínima de 2 metros.

Asimismo se regula el procedimiento de regularización ante las DOM, estableciendo los documentos que se deben acompañar a la solicitud, entre los cuales se incluyen las especificaciones técnicas y un plano simple que indique las cotas mínimas que se deben controlar, certificados también por un profesional competente, según la definición contenida en la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC).

Por último, se proponen modificaciones a los artículos 133 y 166 de la LGUC, haciendo aplicables dichas normas a las ampliaciones de viviendas sociales, como también a las edificaciones construidas antes del 31 de julio de 1959.

Durante el debate y en forma transversal, los diputados subrayaron la necesidad de que el Estado pueda entregar viviendas más dignas, para evitar estas regularizaciones o ampliaciones. Además, pidieron al Gobierno que se destinen a los municipios recursos para la elaboración de los informes técnicos necesarios de acuerdo al procedimiento que establece esta iniciativa.

 Publicado el 07 de agosto del 2014

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