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Publicado el: Sáb, Sep 27, 2014

Consejo de Defensa del Estado confirmó la presentación de 32 acciones judiciales por fondos SEP

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Ante la Comisión Investigadora de la Cámara, el titular del organismo, Juan Ignacio Piña, sostuvo que varios de los hechos observados por la Contraloría de la República sobrepasan el mero desorden administrativo, constituyendo directamente delitos que el Consejo está obligado a perseguir.

Un total de 32 acciones judiciales ha presentado hasta este momento el Consejo de Defensa del Estado (CDE) por el mal uso de los fondos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) en el ámbito municipal, en conformidad con la denuncia presentada por la Contraloría General de la República.

“Varios de estos hechos sobrepasaron el mero desorden administrativo, constituyendo directamente delitos: malversación de caudales públicos, fraude al fisco, aplicación pública diferente y, por lo tanto, hay compromiso de funcionarios públicos involucrados que el CDE está llamado a perseguir penalmente”, recalcó el presidente del CDE, Juan Ignacio Piña, ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre uso de los recursos SEP.

Juan Ignacio Piña dijo que es muy importante que haya plena conciencia que estos desórdenes administrativos que se han podido identificar y que el Contralor Ramiro Mendoza explicó hace unos días atrás, “son campos propicios para que se cometan delitos”.

“Por lo tanto, tenemos que ser muy agudos e invertir mucha energía en la persecución de estos hechos, si queremos mandar señales claras de que los fondos públicos hay que protegerlos y tienen que destinarse a los fines públicos a los que fueron originalmente adscritos”, planteó.

Juan Ignacio Piña fue enfático en señalar que, cuando el CDE se querella, manda una señal muy clara respecto de la convicción que tiene sobre la comisión de un delito y, como interviniente en el proceso, el objetivo es llevarlo adelante, conseguir que el Ministerio Público formalice, acuse y condene.

Estimó necesario generar mecanismos de fiscalización cada vez más “musculosos”, tanto en la Contraloría como en los propios Ministerios. “Y en lo que a nosotros nos compete, efectuar una persecución implacable de los delitos que eventualmente se hayan cometido, para mandar señales muy claras respecto de que estos recursos tienen un fin público y no pueden desviarse de ese fin, ni mucho menos ir a fines particulares sin que caiga todo el peso del Estado en la persecución de los delitos”, insistió.

El presidente de la Comisión, diputado Claudio Arriagada (DC) calificó como “preocupante” la cuenta realizada por el presidente del CDE, en el sentido que hay 32 querellas presentadas en contra de municipalidades. “Nosotros esperamos que eso tenga un resultado y que el país sepa qué ocurrió con esos recursos que están siendo cuestionados, porque el propósito de los mismos era para los niños”, acotó.

Indicó que, tras las exposiciones del Contralor de la República y del presidente del CDE, la instancia continuará recibiendo opiniones del Ministerio de Educación, de las asociaciones de municipalidades y de todos los organismos involucrados.

“Una vez que tengamos todas las audiencias resueltas podremos aventurar conclusiones, en las tres hipótesis: las objeciones, las irregularidades y las que ya caen en el ámbito del delito”, puntualizó.

El legislador relevó la necesidad de poner los antecedentes entregados en un contexto, recordando que hubo momentos muy cruciales en que se entregaron estos recursos, como fueron el cambio de Gobierno y el terremoto de febrero de 2010.

Estimó importante que la Comisión pueda concluir su trabajo con un diagnóstico de la problemática, que de cuenta de las debilidades del sistema y que permita proponer la creación o perfeccionamientos de los mecanismos de control.

 

Publicado el 26 de septiembre del 2014

 

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