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Publicado el: Lun, Mar 2, 2015

Creación de universidades estatales en O’Higgins y Aysén encabeza tabla del martes

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La Corporación también contempla analizar en su sesión del 3 de marzo, la moción que permite que personas con capacidades especiales puedan ser nombradas en cargos de juez o notario; y la propuesta que sanciona el transporte de desechos hacia vertederos clandestinos. Adicionalmente, la Cámara de Diputados proyecta celebrar una sesión especial en la tarde, para analizar los resultados del Informe “Panorama Social de América Latina”, de la CEPAL.

Con informes rendidos y discusión pendiente se ubica en primer lugar de la tabla de la Sala de la Cámara de Diputados el proyecto (boletín 9405), iniciado en mensaje, que crea las Universidades Estatales de la Región del Libertador General Bernardo O`Higgins y de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.

La iniciativa legal, que cuenta con informes de las Comisiones de Educación y Hacienda, busca crear las dos citadas casas de estudio como personas de derecho público autónomas, con carácter y arraigo regional, y busca definir sus principales objetivos y principios orientadores, asegurando que la norma fundamental de las nuevas universidades se construya y acuerde en un proceso de participación con organizaciones y actores con trayectorias reconocidas en la región y en el país.

Según se indica en la normativa, ambas universidades “son instituciones de educación superior estatal, de carácter regional, que asumen con vocación de excelencia la formación de personas y la contribución preferente al desarrollo cultural, material y social de la VI y XI Región, respectivamente, como parte fundamental de su misión institucional”. Cumplirán su labor a través de la realización de funciones de docencia, investigación, creación y vinculación con el medio propias del quehacer universitario, en las áreas del conocimiento y dominios de la cultura que sus orientaciones estratégicas definan; asimismo, podrá dedicarse al desarrollo y la formación en las disciplinas técnicas y a la capacitación.

Serán principios que orienten el quehacer de estas casas de estudio la libertad de pensamiento y de expresión; libertad de cátedra y asociación; el pluralismo; la participación de sus miembros en la vida institucional; la actitud reflexiva, dialogante y crítica en el ejercicio de las tareas intelectuales; la excelencia académica; la equidad y la valoración del mérito como criterios de ingreso, promoción y egreso a la universidad; y la formación de personas con sentido ético, cívico y de solidaridad social.

Con el objeto de apoyar la instalación y la puesta en marcha de las nuevas universidades el fisco aportará a ellas, a contar del momento en que se apruebe este proyecto de ley, recursos para el arrendamiento y gastos de operación necesarios para que los rectores nombrados puedan dar, junto al equipo que lo asesorará, inicio a las actividades de conformación de las nuevas entidades de educación superior. Estos recursos serán entregados a partir del mes en que ocurran dichos nombramientos y se estima que representarán un gasto fiscal mensual del orden de $65 millones por cada universidad.

En el futuro, en la Ley de Presupuestos correspondiente a los tres primeros años de actividad, se incluirán los recursos necesarios para la compra o construcción, y equipamiento de las dependencias de cada una de las universidades. Se estima que ello representará un gasto fiscal del orden de $7.000 millones en tres años para cada una. Mediante decreto supremo se establecerá la participación en el Aporte Fiscal Directo del artículo 2° del DFL (Ed.) N° 4, de 1981, de cada una de estas nuevas universidades a contar del año de inicio de su actividad académica.
La propuesta legal, además, avanza en una serie de procedimientos de administración y ordenamiento internos; definición de patrimonio particular; tratamiento del personal; y plazos.

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