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Publicado el: Mar, Mar 24, 2015

Diputados DC presentan moción que aumenta penas al cohecho, negociación incompatible y tráfico de influencias

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La propuesta, encabezada por el diputado DC Jaime Pilowsky, contempla también la definición de inhabilidades y suspensiones en cargos públicos frente a estos delitos.

Los diputados de la DC Jaime Pilowsky, Sergio Espejo, Aldo Cornejo y Ricardo Rincón, junto al diputado del PS, Leonardo Soto, entre otros, presentaron el pasado jueves un proyecto de ley que busca agravar las penas en los llamados “delitos de cuello y corbata”, como el cohecho, la negociación incompatible y el tráfico de influencias.

Según explicó el diputado Pilowsky, la moción, que aún debe ser presentada en la cuenta de la Sala de la Corporación para iniciar su trámite reglamentario, busca sancionar con una pena privativa, mayor a la actualmente consagrada en la legislación penal, a aquellos delitos de cohecho, negociación incompatible y tráfico de influencias.

“Para ello, aumenta en un grado la totalidad de las penas privativas de libertad, agregando un aumento en las multas a beneficio fiscal, así como las penas privativas de otros derechos, tales como las inhabilidades y las suspensiones en cargos u oficios públicos en este tipo de ilícitos”, detalló

Pilowsky precisó que, además, se busca “impedir que el juez, por la vía de las atenuantes, pueda rebajar la sanción en forma indeseada, en los casos que exista reiteración de delitos o bien cuando su cuantía exceda de 400 UTM”.

“Es necesario reconstruir las confianzas de forma que nadie quede inmune a la justicia. Por eso, junto a las sanciones privativas de libertad, se deben establecer inhabilitaciones drásticas para ejercer cargos públicos y de elección popular a quienes sean sancionados por estos delitos. No queremos más casos como el del ex alcalde que cometió fraude al fisco y que estuvo sentado en la Cámara de Diputados”, sentenció Jaime Pilowsky.

El diputado Espejo informó que el proyecto de ley, junto con aumentar las penas en un grado, también establece que los efectos de las atenuantes, en caso de delitos de montos superiores a 400 UTM o reiterados, no terminen con penas mínimas y terminen siendo “una burla para los ciudadanos”.

El diputado Rincón recalcó que los acontecimientos de empresas que sobornan y de funcionarios sobornados tienen un alto reproche social y deben ser castigados en coherencia con el rechazo que producen. “El ordenamiento jurídico penal debe establecer los desincentivos para que estos hechos no se produzcan y para que, en el caso de que ocurran, las penas sean ejemplificadoras”, acotó.

Los legisladores comunicaron que, de aprobarse este proyecto en el Parlamento, el cohecho pasivo definido en el artículo 248 del Código penal (ejecutar o por haber ejecutado un acto propio de su cargo) pasará a sancionar al funcionario público con una pena de 541 a 3 años (en la actualidad la pena es de 61 a 541 días). En el caso de cohecho pasivo – por omitir o haber omitido un acto propio- se aumentará a reclusión menor en su grado máximo, esto es de 3 años y un día a 5 años (hoy es de 541 días a 3 años).

El proyecto también establece que el que ofrezca o consienta en dar a un empleado público un beneficio económico, tal como lo dispone el artículo 250 del CP., será sancionado con reclusión menor en su grado medio, pasando de los actuales 61 días a una posible pena de 3 años, sin perjuicio de las agravantes que se aplicaran.

Publicado el 23 de marzo del 2015

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