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Publicado el: Jue, Dic 3, 2015

Moción parlamentaria propone crear un registro nacional de corredores de propiedades

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La iniciativa tiene como objetivo avanzar en niveles mínimos de formación profesional para desempeñarse como corredor, además de establecer fiscalización y controles éticos a la actividad.

Los diputados Joaquín Tuma (PPD), Germán Becker (RN), Jaime Bellolio (UDI), Pedro Browne (IND), Cristián Campos (PPD), Fuad Chahin (DC), Joaquín Godoy (IND), Joaquín Lavín (UDI), Fernando Meza (PRSD) y Roberto Poblete (IND) ingresaron un proyecto de ley cuyo objetivo es crear el Registro Nacional de Corredores de Propiedades y regular el ejercicio de dicha actividad.

En este registro deberán inscribirse las personas que deseen ejercer la actividad de corredores de propiedades, quienes deberán acreditar requisitos como enseñanza media o equivalente y no haber sido condenado por delitos contra la propiedad.

Las personas jurídicas, en tanto, podrán ejercer la actividad siempre que su gerente o representante legal cumpla los mismos requisitos exigidos a las personas naturales para inscribirse en el Registro Nacional.

La iniciativa (Boletín 10391), remitida para su estudio a la Comisión de Economía, recuerda que, hasta el año 1977, la intermediación en materia de bienes inmuebles se encontraba normado por la Ley 7.747, del año 1943, y bajo la tutela fiscalizadora del Ministerio de Economía. Dicha norma contemplaba la inscripción obligatoria y habilitante en un Registro de Corredores de Propiedades, pero con el tiempo se liberalizó el ejercicio de algunas actividades, derogándose el registro citado en 1986.

Actualmente, no existe un registro de carácter público ni control por parte de la autoridad estatal y, por ende, cualquier persona puede realizar esta actividad, sin limitaciones ni exigencias previas.

Los parlamentarios señalan que esta ausencia de regulación no contribuye a la seguridad jurídica de las transacciones, circunstancia que no ocurre en otros mercados, como el de los martilleros, de los seguros o en el mercado de capitales, en el que la intermediación habilitada, certificada y registrada es un requisito para la ejercicio de la actividad.

En ese sentido, postulan que se debe avanzar en la regulación de la actividad del corretaje inmobiliario por parte del Estado, para elevar los estándares de capacitación e idoneidad que el público espera en ese tipo de intermediación. Además, es necesario que se certifique tanto la procedencia y la forma en que dicha actividad se ejerce.

Los diputados autores del presente proyecto reconocen, asimismo, el rol que cumplen las asociaciones gremiales de corretaje de propiedades en la capacitación de sus asociados y en el control ético de la actividad, pero enfatizan que estas nada pueden hacer “frente a conductas reprochables de quienes, de manera informal, participan como agentes de corretaje sin cumplir con la idoneidad mínima para hacerlo, operando sin fiscalización alguna, prestando servicios de pésima calidad, ofreciendo propiedades que no les han sido encomendadas, reteniendo dineros dados en garantía, cobrando comisiones exorbitantes, simulando contratos o encubriendo operaciones ilícitas”, entre otras irregualridades.

A pesar de la falta de normativa aplicable, hoy, algunas leyes y regulaciones dictadas en los últimos años para garantizar la probidad pública y la transparencia de los mercados han incorporado a los corredores de propiedades, en materias como el lavado de dinero, la evasión tributaria, obligaciones de control y reserva, que suponen niveles de especialización propios de profesionales con experiencia en la materia. De igual forma, el Servicio de Impuestos Internos impuso a los corredores de propiedades la obligación, bajo pena de multas, de presentar declaraciones juradas anuales sobre las operaciones de arrendamiento de bienes raíces no agrícolas en las que les ha tocado intervenir, con el objeto de prevenir evasiones tributarias.

Estas obligaciones requieren una mínima capacidad e idoneidad y, por ello, es necesario avanzar en establecer niveles mínimos de formación profesional; exigiendo y fiscalizando el buen comportamiento y estableciendo controles éticos.

El proyecto, finalmente, señala que las infracciones a estas normas las conocerán los juzgados de policía local y el infractor podrá ser sancionado con multa de 100 a 200 unidades tributarias mensuales, las que se duplicarán en caso de reincidencia.

Publicado el 02 de diciembre del 2015

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