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Publicado el: Mie, Sep 7, 2016

Proyecto que regula tuición ética de colegios profesionales fue aprobado por la Comisión de Constitución

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La iniciativa establece, además, la creación de tribunales especiales que conocerán acerca de las infracciones a la ética cometidas por profesionales no colegiados.

Por unanimidad, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que regula el ejercicio del derecho a agruparse en colegios profesionales, estableciendo el régimen de tuición ética al que se someten los profesionales colegiados, y que crea los tribunales especiales que conocerán de las infracciones a la ética cometidas por profesionales no colegiados.

Tras su aprobación, el diputado Ricardo Rincón (DC), señaló que la iniciativa establece, además, la creación de tribunales especiales que conocerán acerca de las infracciones a la ética cometidas por profesionales no colegiados. “A esto, también, se suma la creación de un Registro Público de Profesionales, a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación, en cual estarán inscritas todas las personas que detenten una profesión para cuyo ejercicio se requiere el título de licenciado”, indicó.

Asimismo, agregó que se definen los colegios profesionales y se establecen las normas que regirán la afiliación a los mismos, su constitución, estructura, organización, funciones y atribuciones.

Por otro lado, el legislador añadió que no se renunciará a la obtención de la colegiatura obligatoria en algún momento en el país, “de manera de poder potenciar en debida forma a los distintos colegios profesionales, uniformando debidamente el control ético y avanzando en el estándar internacional en la materia”.

Por su parte, el diputado Aldo Cornejo (DC) precisó que, a la vez, la iniciativa pretende reconocer los deberes de ética profesional y establecer códigos de ética, donde, además, se prevén sanciones en caso de incumplimiento de tales deberes, estableciéndose que las infracciones a la ética profesional, cometidas por profesionales colegiados, serán conocidas en primera instancia por el tribunal de ética del respectivo colegio profesional. “Las cometidas por profesionales no colegiados, serán conocidas en primera instancia por el tribunal especial de ética profesional competente”, afirmó.

Encapuchados

En segundo lugar, la Comisión analizó el proyecto que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal para sancionar como falta el ocultamiento del rostro con ocasión de alteraciones al orden público y permitir la detención en caso de flagrancia, (boletín 10717).

Para ello, el profesor en derecho penal, Jaime Winter, argumentó que el establecer la declaración de un agente policial, en este caso, es algo completamente ajeno a nuestro derecho y que difícilmente podemos saber cómo se va a evaluar y que, además, podría generar problemas serios de aplicación y en la práctica llegar deslegitimar la acción policial.

“El problema de los daños que se producen posteriormente a las manifestaciones es real y una forma de poder enfrentarlo es con esta falta de estar encapuchado. Lo que yo digo es que esto se podría hacer utilizando la posibilidad que hoy entrega el control de identidad, estableciendo la posibilidad adicional de extraer a la persona, solamente, para hacerle el control de identidad fuera del lugar donde están ocurriendo los desmanes”, afirmó.

Al respecto, el diputado Cristián Monckeberg (RN) señaló que, si bien este es un buen proyecto requiere correcciones y planteamientos, por ejemplo, en el sentido de que una persona encapuchada sea detenida. “Creo que en esta situación no puede el policía, que lo detiene, ser una prueba suficiente para justificar una determinada condena posterior, eso no ha ocurrido nunca en el actual sistema penal y no puede ahora cambiarse”, acotó.

Libertades condicionales

Finalmente, la instancia analizó dos proyectos de ley relativos a la libertad condicional para los penados, donde escuchó los planteamientos de Julio Cortéz, abogado de la Unidad Jurídica Judicial del Instituto de Derechos Humanos.

“Creo que ambas iniciativas debieran regularse en el marco de los derechos humanos, como un instrumento más de la política criminal que, precisamente, tienda a asegurar lo que los tratados internacionales otorgan como finalidad de las penas, es decir, la reinserción social”, resaltó.

En ese sentido, Cortéz valoró la necesidad de modernizar la regulación, porque, aclaró, es bastante antigua. “Tenemos algunas diferencias, puesto que preferimos que se siga considerando como un derecho más que como un beneficio la libertad condicional y nos preocupa algunas de las regulaciones que implicarían el ponerle más limite a su aplicación actual”, sostuvo.

En tanto, el diputado Jorge Sabag (DC) expresó que este es un tema donde hay que analizar con cuidado todas las aristas, por lo que, aseguró, pretenden continuar escuchando todas las opiniones.

Publicado el 07 de septiembre del 2016

 

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