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Publicado el: Mar, Oct 10, 2017

Cámara solicita mayor protección para funcionarios públicos a contrata y honorarios

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En la resolución, se plantea que estos empleados viven en un constante ambiente de inestabilidad laboral, por cuanto el término anticipado de su trabajo significa un gran perjuicio al no contar con ningún tipo de indemnización que les permita reemprender la búsqueda de empleo y ayudar al sustento familiar.

En una votación dividida de 55 votos afirmativos, dos negativos y 46 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó la resolución 954, por medio de la cual se le solicita a la PresidentaMichelle Bachelet que envíe, a la brevedad posible, un proyecto de ley que establezca un método de compensación económica para los casos de término anticipado de contrato del personal a contrata u honorarios de la administración pública.

La idea, según se plantea en el documento, es que se defina bajo la modalidad de seguro de cesantía o, en su defecto, como indemnización a todo evento con cargo a las imposiciones legales.

El texto, aprobado el pasado 4 de octubre, remarca que bajo las dos modalidades señaladas, miles de trabajadores son contratados año a año sin que se les respete su antigüedad o sin posibilidades de desarrollar una carrera funcionaria, con la agravante que “pueden ser desvinculados de un día para otro sin explicación, a pesar de llevar años desempeñando una función pública”.

“El vínculo entre el funcionario y la administración, generalmente, es estable, porque se prolonga por años (hay casos de funcionarios a contrata con más de 20 años de servicio); e incluso, en muchos servicios ejercen jefaturas autorizadas por la ley. Sin embargo, aun siendo así, no cuentan con ningún tipo de protección en caso de desvinculación”.

Los autores afirman en la resolución que, paradojalmente, “el Estado de Chile se ha convertido en el ente que, de manera más masiva, ha desconocido los derechos fundamentales de sus trabajadores, mediante las figuras contractuales de honorarios y contrata”.

Asimismo, plantean que estos empleados, que constituyen más de la mitad de los funcionarios públicos, viven en un constante ambiente de inestabilidad laboral, por cuanto el término anticipado de su trabajo significa un gran perjuicio al no contar con ningún tipo de indemnización que les permita reemprender la búsqueda de empleo y ayudar al sustento familiar.

La iniciativa fue propuesta a la Sala por los diputados PRSD Fernando Meza, Marcos Espinoza y Marcela Hernando; PC Lautaro Carmona y KarolCariola; PPD Tucapel Jiménez y Loreto Carvajal; DC Claudio Arriagada; independiente Pepe Auth; y PS Daniel Melo.

Publicado el 10 de octubre del 2017

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