Señor Director:
A 15 años del terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010, la tragedia no solo dejó destrucción y muerte, sino también una profunda herida en la justicia chilena. Más de 150 personas murieron ahogadas porque el Estado, en vez de advertirlas del peligro, las dejó a merced del mar. La negligencia fue evidente: no hubo alerta de tsunami, no hubo evacuación efectiva, no hubo liderazgo ni coordinación.
El gobierno de la época, encabezado por Michelle Bachelet, junto con su Ministro del Interior, la ONEMI, el SHOA y otras autoridades responsables, falló estrepitosamente. Mientras la Armada tenía información sobre la inminencia del tsunami, un funcionario de la ONEMI en Dichato tranquilizaba a la población con un megáfono, asegurando que no había riesgo. Minutos después, el agua se llevó todo a su paso.
Las familias de las víctimas esperaron justicia, pero nunca llegó. En cambio, lo que sí ha llegado es la persecución implacable contra otros “agentes del Estado”: los exuniformados. A ellos no se les exige prueba alguna, basta con haber pertenecido a una unidad militar en determinado período para ser condenados a cadena perpetua. Se les encarcela con juicios basados en ficciones jurídicas y se les aplica un sistema judicial derogado en 2005, pero que sigue vigente solo para ellos.
Esta no es una afirmación antojadiza. Incluso el expresidente uruguayo José Mujica, exguerrillero, reconoció que en su país hubo acusaciones fraudulentas para incriminar a exmilitares. Lo que ocurre en Chile y Argentina sigue el mismo patrón: una persecución con fines políticos, disfrazada de justicia.
Si la justicia fuera realmente equitativa, los responsables del 27F estarían tras las rejas, condenados bajo los mismos criterios que hoy se aplican contra los exuniformados. Si se castiga sin pruebas a unos, que se haga lo mismo con los civiles que fallaron en su deber, o que no se haga con nadie.
El 27F no solo marcó una catástrofe natural, sino que también expuso la inconsistencia del sistema judicial chileno. Mientras algunos enfrentan juicios políticos, otros, con responsabilidad directa en la muerte de más de 150 personas, siguen libres e intocables.
Christian Slater Escanilla.
Coronel (R) del Ejército de Chile.
